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Proveer los medios necesarios para colaborar y asistir a los órganos de la jurisdicción penal de adultos en la ejecución de determinadas penas y, especialmente, los relativos a cumplimientos alternativos y medidas de seguridad, así como en las suspensiones de condena con imposición de condiciones.
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Desarrollar los programas de ayudas económicas a entidades y asociaciones en relación a actividades de ayuda a la reinserción y rehabilitación de personas privadas de libertad y otras actividades educativas o recreativas en el ámbito penitenciario, velando por su ejecución y debido cumplimiento
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Potenciar las relaciones con las Entidades que colaboran con el Departamento en esta materia a fin de lograr la mejora de los servicios penitenciarios, desarrollar el Convenio Marco de Cooperación con las Instituciones competentes en la materia, impulsar programas de asistencia y orientación social al detenido, y coordinar todas las actuaciones del Gobierno en el ámbito penitenciario.
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Ejercer las funciones derivadas de la ejecución de la legislación penitenciaria y las propias de la organización y funcionamiento de las Instituciones, Establecimientos y Servicios Penitenciarios, en el marco de la ordenación general que en esta materia se establezca.
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Estudiar y diseñar la política de servicios de ejecución penal, incluidos los penitenciarios, y de rehabilitación, propia de esta Comunidad Autónoma.
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Ejercer las competencias autonómicas en materia de Instituciones y Establecimientos Penitenciarios, así como las correspondientes a la ejecución de otras penas no privativas de libertad.
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Propiciar el ejercicio de los derechos a la tutela judicial efectiva y justicia gratuita en materia de turno de oficio y asistencia letrada a la persona detenida y/o presa.
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Diseñar y planificar actuaciones en materia de menores infractores ejecutando y evaluando planes de justicia juvenil.
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Atender las demandas que se planteen tanto desde los Juzgados de Menores como desde las Fiscalías de la Comunidad Autónoma del País Vasco relacionadas con la ejecución de las medidas dispuestas sobre personas menores.
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Impulsar, dentro de la jurisdicción de menores, las medidas en medio abierto fortaleciendo su carácter educativo, y los programas de mediación, reparación y conciliación en esta materia.
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Velar por el adecuado funcionamiento de los centros educativos para el cumplimiento de las medidas de internamiento.
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Mantener y fomentar cauces de colaboración con Instituciones Públicas y privadas en materia de personas menores infractoras, tanto en el ámbito de la prevención como en el de la inserción social posterior al cumplimiento de las medidas judiciales.
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Prestar especial atención a los sistemas de justicia complementaria alternativa, como los procedimientos de mediación, arbitraje y conciliación.
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Impulsar y desarrollar políticas de actuación en el campo de la victimología apoyando los servicios de asistencia a la víctima del delito.
